ESTIMAD@S ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMIA POLITICA.
A CONTINUACION TRANSCRIBO EL ARTICULO DEL PERIODISTA AURELIO SUAREZ MONTOYA, QUIEN NOS UBICA UN POCO EN EL TEMA DE LA EMERGENCIA SOCIAL Y LOS DECRETOS DEL GOBIERNO NACIONAL EXPEDIDOS AL AMPARO DE DICHA MEDIDA.
El fracaso de la mercancía POS
Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 16 de febrero de 2010
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Más que discutir los decretos de Emergencia Social, o los corruptos contratos de los asesores expertos en hacer crecer las ingentes ganancias de las EPS, o las justas observaciones del cuerpo médico sobre la regresiva reforma a la salud; el debate debe centrase en las causas por las que “el orden social del país se encuentra gravemente amenazado”, en tanto “se ha deteriorado de manera rápida e inusitada la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Así lo enfatizó el decreto 4975 de 2009 del ministerio de Protección y de la Presidencia de la República, que declaró ese estado de excepción.
Los considerandos que se invocan para establecer la Emergencia convergen en culpar a las enfermedades que no están en el POS, y que ahora se denominan “prestaciones excepcionales”, como las causantes del caos. En la lógica neoliberal, esa “amenaza” se conjuraría rebajando costos a la mercancía básica que soporta el sistema creado por la Ley 100, al POS, y, por ende, se actuó en consecuencia.
Se montó un alegato porque 376.000 personas -del Régimen Contributivo- recurrieron en 2009 a la tutela para obtener beneficios no incluidos en el POS por valor de 1,8 billones de pesos. Según el análisis oficial, esto trae sobrecostos, agrandados por el lento flujo de los giros, que, al final, atentan contra la rentabilidad del patrimonio de las EPS (la que en 2007 fue del 163% para Sánitas); contra la sobrevivencia de los sistemas territoriales de salud y contra las clínicas y hospitales, los que, a finales de 2009, tenían cartera por 3, 57 billones de pesos.
Al decidirse como solución “encinturar” todavía más el ejercicio del derecho a la salud, se empleó perversamente la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que exigió unificar los distintos planes existentes, para nivelarlos por lo bajo. ¿Qué traduce esto en términos del mercado establecido? Que quienes pagan en el régimen contributivo sufragarán en el futuro mucho más por un plan POS de menor calidad y que, si requieren de “prestaciones excepcionales”, deberán cubrir los sobreprecios que podrían llegar hasta vulnerar el patrimonio familiar. Para evitar cualquier desborde, también se pusieron estándares restrictivos y conminatorios a los médicos.
El fracaso de la salud como negocio estaba previsto, es un servicio en el que la demanda tiene más dinámica (elasticidad) que con la que puede responder la oferta del sistema. El espíritu de la Ley 100, al incentivar la demanda con mecanismos como la UPC (unidad por capitación) o el propio SISBEN, durante 17 años trajo como resultado una concentración paulatina en aquellos agentes que, con elementos oscuros, perduraron con poder de oligopolio. Por ejemplo, en 2000 había 234 administradoras del régimen subsidiado, en 2004 iban ya 45.
“A través de programas de contención de gastos, los cuatro o cinco grandes monopolios de la salud restringen consistentemente el acceso a medicamentos, paraclínicos, especialistas y cirugías, y constriñen la oferta de programas de promoción y prevención” (Vélez, 2008). La Emergencia Social elevó a categoría de Ley dichos planes empresariales de “contención de gastos”. Es lo que ocurrió y seguirá ocurriendo en tanto la salud sea negocio para cada vez más pocos consorcios ya que el problema no es que “no se vaya a modificar el POS para el régimen subsidiado”, como exclama Uribe voz en cuello, el problema es que exista el POS, esa mercancía en salud con la cual se suplantó al derecho fundamental a la vida y al bienestar.
La solución es un sistema universal, integral y equitativo, como en Brasil, donde la financiación “sale íntegramente del recaudo general de impuestos del Estado”, que provienen en gran medida de los sectores con mayores ingresos, y se entregan directamente por el Estado a médicos y hospitales, sin intermediarios, es el modelo de incentivo a la oferta. Lo contrario a Colombia, donde se ha aumentado el importe en salud de toda la sociedad, incluido el gasto público, para incrementar casi en la misma proporción o más el fondo con el que se quedan los terceros, las EPS. A esto llama Uribe una revolución y, en efecto, lo es pero al revés: al servicio de unas minorías, incluyendo las extranjeras, y en contra de las mayorías nacionales. Lo acaecido en esta Emergencia Social de 2010 es un buen ejemplo de tal proceder.
